El clero, dividido

El clero, dividido
El clero, compuesto aproximadamente de 120.000 personas, se proclamaba como “la primera corporación del reino”. Primero de los estamentos del Estado, poseía importantes privilegios políticos, judiciales y fiscales. Su poder económico estaba en lo que percibía por el diezmo y la propiedad territorial.
La propiedad territorial del clero era urbana y rural. Poseía numerosos inmuebles en las ciudades y por ellos percibía alquileres, cuyo valor se duplicó según transcurría el siglo. Para el clero regular la propiedad urbana era, al parecer, más importante que la propiedad rural; en las ciudades como Rennes, Ruán, los conventos poseían numerosos terrenos e inmuebles. La propiedad rural eclesiástica era más importante todavía. Es difícil hacer una valoración para el conjunto del país. Voltaire valoraba la renta que el clero obtenía de sus tierras en 90 millones de libras, Necker en 130, valoración sin duda más próxima a la realidad; pero lo cierto es que entonces se tenía tendencia a supervalorar las rentas territoriales del clero. La propiedad eclesiástica, generalmente, estaba dividida y se componía de propiedades aisladas, con un rendimiento mediocre como consecuencia, tal vez, de una mala administración y de un control lejano de los arrendatarios. Si se intenta, a base de estudios locales y regionales, valorar de una forma más precisa la propiedad territorial eclesiástica se comprobará que variaba de una a otra región, disminuyendo hacia el oeste (5 por 100 en los Mauges) y en el mediodía (6 por 100 en la diócesis de Montpellier). El porcentaje alcanzó a veces un 20 por 100 (el Norte, Artois, Brie), pero descendía por debajo de 1 por 100; se le puede valorar en un 10 por 100 como tipo medio: proporción importante si se tiene en cuenta la debilidad numérica del orden.
El diezmo constituía aquella parte correspondiente a los frutos de la tierra o de los rebaños que las ordenanzas 779 y 794 habían obligado a los propietarios de la tierra a dar a los beneficiarios. Era universal y pesaba sobre las tierras de la nobleza, sobre las propiedades personales de los clérigos y sobre las tierras de los campesinos. Variaba según las regiones y las recolecciones. El diezmo mayor pesaba sobre los cuatro granos más importantes (el trigo, el centeno, la cebada y la avena), el diezmo menor sobre los demás frutos. El impuesto del diezmo era siempre inferior a un 10 por 100; el tipo medio para los granos y para el conjunto del país parece situarse en una treceava parte. Es difícil valorar en conjunto la renta que el clero obtenía del diezmo. Se puede considerar en una valoración de unos 100-120 millones de libras; a éstas se añadían las rentas de la propiedad territorial, que venía a ser, aproximadamente, la misma suma.
Por el diezmo y las tierras el clero disponía, pues, de una parte considerable de la cosecha, que revendía. Con todo ello se aprovechaba de la subida de los precios y del alza de los arrendamientos; el valor del diezmo parece haber más que duplicado su valor durante el siglo XVIII. La carga de los diezmos, tan insoportable para los campesinos, lo era más, ya que frecuentemente se desviaban de su primitivo objetivo y, a veces, iban a parar a los laicos con el nombre de diezmos enfeudados.
Sólo el clero constituía un verdadero orden, provisto de una administración (agentes generales del clero y cámaras diocesanas) y sus tribunales (la curia). Cada cinco años se reunía la Asamblea, que se ocupaba de asuntos religiosos y de los intereses del estamento. Votaba una contribución voluntaria para subvenir a las cargas del Estado, el don gratuito, que constituía con las décimas, la única imposición del clero, un término medio de 3.500.000 libras por año, cifra mínima con relación a las rentas del estamento. Es cierto que el clero tenía la carga del Estado civil (registros de bautismos, matrimonios y sepulturas), de las asistencias y de la enseñanza. La sociedad laica dependía aún estrechamente del poder eclesiástico.
El clero regular (de 20 a 25.000 religiosos y, por término medio, unas 40.000 religiosas), tan floreciente en el siglo XVII, conoció, a finales del XVIII, una decadencia moral profunda y un gran desorden. En vano la Comisión de regulares, instituida en 1766, había intentado una reforma. En 1789 existían 629 abadías de hombres de encomienda y 115 regulares; 253 abadías de mujeres consideradas regulares; en resumen, casi todas las abadías regulares se debían al nombramiento real. El descrédito del clero regular se debía en parte a la importancia de sus considerables propiedades, cuyas rentas iban a los conventos despoblados y aún más a los abades encomenderos ausentes. Los mismos prelados eran muy severos para con el clero regular; según el arzobispo de Tours, en 1778, “la raza franciscana (de la Orden de San Francisco de Asís) está envilecida en provincias. Los obispos se quejan de la conducta crapulosa y desordenada de estos religiosos”.
El relajamiento de la disciplina continuaba, en efecto. Muchos monjes adoptaban las nuevas ideas, leían a los filósofos. Eran los que iban a proporcionar una parte del clero constitucional, una parte incluso de los revolucionarios. La decadencia era menos sensible en las comunidades de mujeres, en especial las que se ocupaban de la enseñanza o asistencia: precisamente las que eran más pobres. Las abadías antiguas gozaban a veces de considerables rentas. Gran parte de las abadías eran por nombramiento del rey. Con frecuencia, el rey no dejaba las rentas de estas abadías a los propios monjes; las daba en encomienda a beneficiarios, eclesiásticos seculares e incluso laicos que no ejercían la función, pero que percibían la tercera parte de la renta.
El clero secular estaba expuesto también a una verdadera crisis. La vocación religiosa no se basaba, como en el pasado, en el fundamento único de la fe; la propaganda filosófica la había debilitado desde hacía tiempo.
En realidad el clero, aunque constituyese un estamento y poseyese una unidad espiritual, no formaba un conjunto socialmente homogéneo. En sus filas, como en el conjunto de la sociedad del Antiguo Régimen, se oponían nobles y campesinos, el bajo y el alto clero, la aristocracia y la burguesía.
El alto clero, obispos, abades y canónigos, se reclutaba cada vez de modo más exclusivo en la nobleza; entendía con esto que defendía sus privilegios, de cuyo beneficio el bajo clero quedaba generalmente excluido. Ni uno solo de los 139 obispos no era noble en 1789. La mayor parte de las rentas del estamento iba a los prelados; el fausto y la magnificencia de los príncipes de la Iglesia igualaba al de los grandes señores laicos: la mayor parte residían en la Corte y no se ocupaban demasiado de su obispado; el de Estrasburgo, cuyo titular era príncipe y landgrave, proporcionaba 400.000 libras de renta.
El bajo clero (50.000 curas y vicarios) conocía con frecuencia lo que eran verdaderas dificultades. Curas y vicarios, casi todos de origen campesino, no percibían más que la parte congrua (750 libras para los curas, 300 para los vicarios, desde 1786), que les dejaban los beneficiarios, eclesiásticos y, a veces, incluso, laicos, que percibían las rentas del curato sin ejercer los cargos. También los curas y los vicarios constituían frecuentemente la verdadera plebe eclesiástica, nacida del pueblo, que vivía con él y compartía su espíritu y sus aspiraciones. El ejemplo del bajo clero delfiniano es bastante significativo en este sentido. Más que en cualquier otra provincia, en el Delfinado apareció muy pronto la insurrección de los curas, que provocó la escisión del estamento clerical en las primeras reuniones de los Estados generales. Este espíritu de venganza se explicó por el número tan elevado de congruistas que habían sido dejados aparte por el alto clero y por el apoyo que hallaron cerca de los parlamentarios. Las dificultades materiales en las que se debatían curas y vicarios les llevaron a formular reivindicaciones temporales, que pronto llegaron al campo teológico. A partir de 1776 el futuro obispo constitucional de Grenoble, Henry Reymond, publicó un libro, inspirado por el richérisme ( ) que establecía los derechos de los párrocos en la historia de los primeros siglos de la Iglesia, la tradición de los Concilios y la doctrina de los padres. En 1789, la memoria de cuestiones expuestas al Rey de los del Delfinado, aunque conservando un tono respetuoso para con los obispos, llevó estas ideas hasta sus conclusiones extremas, vinculando la suerte del bajo clero a la del Tercer Estado.
A pesar de esta actitud del bajo clero, no se puede olvidar que la sociedad del Antiguo Régimen, la Iglesia, había vinculado su suerte a la de la aristocracia. Esta última, pues, no había cesado, durante todo el transcurso del siglo XVIII, de cerrarse a medida que se agravaban sus condiciones de existencia. Frente a la burguesía se transformaba en casta: la nobleza de la espada, la nobleza de la toga, la alta Iglesia, se reservaba el monopolio de los cargos militares, judiciales o eclesiásticos, de los cuales se excluía a los rurales u hombres llanos. Y esto en el momento en que esta aristocracia se había convertido en algo puramente parasitario, que no justificaba en absoluto, por los servicios prestados al Estado o a la Iglesia, los honores y los privilegios que habían podido constituir en un momento dado una contrapartida legítima. La aristocracia se aislaba de la nación por su inutilidad, por sus pretensiones, por su obstinada despreocupación frente al bienestar general.